La LOMCE o de cómo el PP pretende acabar con la educación pública

Empieza un nuevo curso escolar marcado por la implantación de la LOMCE en toda la etapa de Educación Infantil y Primaria, en el primer y el tercer curso de la ESO, en el primer curso de Bachillerato y en el segundo curso de FP Básica. Desde que el Partido Popular ganó las elecciones en noviembre de 2011, a nadie con dos dedos de frente se le escapaba que uno de sus objetivos prioritarios era llevar a cabo un cambio sustancial del modelo educativo español. Ya en su anterior etapa de gobierno, presidida por José María Aznar, hubo un intento de poner esto en marcha, con la mal llamada Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que fue promulgada el 23 de diciembre de 2002, siendo ministra de Educación Pilar del Castillo. Tras la llegada a la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en marzo de 2004, se paralizó el calendario de aplicación de la LOCE por medio de un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de mayo de 2004. Finalmente, la Ley fue derogada el 24 de mayo de 2006 por la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, la conocida como LOE, dando continuidad al sistema anterior (promulgado también por el PSOE).

Así que como decimos, los que nos dedicamos a esto de la enseñanza, ya intuíamos los planes del gobierno del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, y José Ignacio Wert (hoy fuera del gobierno, sustituido por Iñigo Méndez de Vigo, quien públicamente ha manifestado que no tiene ni idea del asunto, pero que va a continuar con el plan establecido) como Ministro de Educación, para reformar el sistema educativo español. La concreción de estos planes ha dado lugar a la llamada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, conocida popularmente como Ley Wert, y abreviada como LOMCE.

No voy a llevar a cabo un análisis pormenorizado del texto de la ley. Ya se ha hablado por activa y por pasiva de los cambios que introduce el nuevo texto legal. Simplemente voy a analizar algunos de los aspectos que, desde mi punto de vista, van a ser más perjudiciales para la educación pública.

La LOMCE es una Ley hecha por el PP para los votantes del PP. Recordemos que salió adelante en el Congreso de los diputados con los 186 votos del PP —ni uno más ni uno menos— y ni siquiera los partidos nacionalistas de derechas (PNV y CIU), tan proclives a apuntalar este tipo de leyes, la apoyaron. Desde que comenzó su andadura, la izquierda política y sindical, los movimientos sociales, las mareas verdes a favor de la educación pública, mostraron un rechazo frontal hacia el texto legal. Como afirma Jurjo Torres Santomé, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de A Coruña, la LOMCE, “trata de educar exclusivamente según las concepciones ideológicas del PP.”

Pero si existe un adjetivo que se pueda aplicar a la LOMCE es, sin duda, el de neoliberal. Y es que esta es la reforma promulgada por organismos como el Banco Mundial, el BCE, el FMI, la OMCD y la UE. Dese el preámbulo se habla abiertamente de “empleabilidad”, “competitividad”, “economía”, y se hace hincapié en aspectos tales como “espíritu emprendedor de los estudiantes”, “gestión de la dirección de los centros”, “las evaluaciones externas”, “la racionalización de la oferta educativa” ,“la flexibilización de las trayectorias”, etc., etc. Como vemos, se trata de esa jerga tan del gusto de la tropa neoliberal, y que tiene que ver más con el mundo empresarial, propiamente dicho, que con el ámbito educativo. Pero no sólo en el lenguaje utilizado para su redacción la LOMCE es neoliberal. Se trata de una ley que a todas luces busca mercantilizar, hasta límites insospechados, el sistema educativo. El objetivo prioritario del sistema educativo ya no es la formación integral de la persona para su emancipación, para su socialización y para intervenir críticamente en la sociedad que le ha tocado vivir.  Ahora se busca, sin ocultarlo, formar mano de obra, cuanto más barata, mucho mejor, añado yo, al servicio del mercado laboral. De esta manera, se excluyen del currículum todos los temas conflictivos, según palabras del propio ministro Wert. Y por si todo esto fuera poco, las enseñanzas artísticas, musicales, plásticas y visuales pasan a ser de segunda e incluso de tercera categoría, lo que supone, como señala la profesora Mª Ángeles Llorente Cortés, “una aberración de primer orden”.  

Por otra parte, la LOMCE no se sustenta en planteamientos democráticos y participativos del sistema educativo. Por poner sólo un ejemplo clarificador, con la nueva ley los consejos escolares de los centros pierden la mayoría de las atribuciones que poseían con anterioridad y es la figura del Director la que sale ampliamente reforzada. En el Preámbulo de la ley se dice que la LOMCE da a los directores «la oportunidad de ejercer un mayor liderazgo pedagógico y de gestión». Así, el Consejo Escolar, aunque sigue siendo el órgano mediante el cual se produce «la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos» (Art. 1.72, que modifica el artículo 119 de la LOE), pierde atribuciones que pasan a la dirección del centro, como los presupuestos, los proyectos educativos o los procesos de admisión de los alumnos (Artículo 1.81, que modifica el artículo 132). Además el director en los centros públicos podrá intervenir en el nombramiento del profesorado interino y del profesorado en comisión de servicio (Art. 1.77, que crea el nuevo artículo 122 bis en la LOE). También se modifica la composición de la comisión que ha de elegir al director ya que en la misma la mayoría la ostentarán los representantes de la Administración, lo que viene a querer decir que los directores serán nombrados por la administración a dedo, excluyendo en la práctica a aquellas personas que no compartan sus planteamientos ideológicos o que se muestren abiertamente en desacuerdo con la administración educativa (Art. 1.81, que modifica el artículo 135 de la LOE). Sin ninguna duda, este es uno de los aspectos más negativos de la Ley.

Con la LOMCE la Conferencia Episcopal consigue una de sus más viejas reivindicaciones ya que se establece una materia alternativa a la religión que se llama Valores Sociales y Cívicos en Primaria y Valores Éticos en ESO. En Bachillerato la Religión forma parte de las asignaturas específicas optativas, tanto en 1º como en 2º. Y llegados a este punto, me vuelvo a hacer la pregunta que todos nos hemos hecho en alguna ocasión. Si la Constitución promulga la laicidad del Estado, ¿por qué en los centros educativos existe la asignatura de religión?

A medio y largo plazo la LOMCE supondrá una privatización de facto del sistema educativo español. No me cabe ninguna duda de que el objetivo final del Partido Popular es degradar la Educación pública, universal, gratuita y de calidad para toda la ciudadanía, y favorecer la proliferación de conciertos y centros privados que garanticen una fuente de negocio para los que más tienen. Abrir la educación al mercado, al igual que ha hecho con la sanidad en comunidades como Madrid o Valencia, es el objetivo fundamental que vienen orquestando con precisión desde hace más de una década. Para ello, no han dudado en introducir este pequeño párrafo, casi oculto entre líneas, pero que es el salvoconducto para llevar a cabo esta privatización de la que hablamos:

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales.

Además, la LOMCE establece una nueva relación en cuanto a la oferta de plazas entre la enseñanza pública y la privada concertada:

Según el artículo 1.68, que modifica el artículo 109 de la LOE, la oferta de plazas se organizará atendiendo a la «oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social» (es decir, si los padres piden un centro público o uno privado concertado), por lo que se elimina el compromiso del Estado de garantizar una plaza en un centro público en Primaria, en la ESO y en la nueva Formación Profesional Básica (las tres enseñanzas que la ley declara gratuitas). Por si todo esto fuera poco, la LOMCE establece la posibilidad de construir y gestionar colegios privados concertados sobre suelo público.

La LOMCE tiene un fuerte carácter clasista y sexista. Como señala el profesor Jurjo Torres, y cito literalmente, “Se refuerza la segregación por clase social y etnia a partir de los catorce años, al rebajar la comprehensividad a los 14 años de edad, al igual que la LEG de 1970. (…) Es clasista, pues se recurre a un peligroso concepto de “talento”, intentando culpar a la genética del clasismo y racismo que caracteriza a nuestra sociedad; ignorando que los intereses, capacidades y destrezas humanas son el resultado del contexto y de las condiciones en el que las personas vivimos. Es, por tanto, una ley destinada a expulsar del sistema al alumnado de los grupos sociales más desfavorecidos, cuyos “talentos” se les hará ver que no son los adecuados y pertinentes.”

Al mismo tiempo, la ley tiene un tufillo sexista que tira de espaldas, pues permite que los centros que hayan optado por «la educación diferenciada por sexos» puedan «subscribir conciertos con las Administraciones educativas», siempre y cuando cumplan lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960.

Otra de las características de la nueva ley educativa es su fuerte componente centralista, pues entre sus objetivos prioritarios está recortar las competencias de las Comunidades Autónomas, introduciendo las famosas reválidas, reestructurando el currículum y reformulando ciertos contenidos, por ejemplo, las lenguas vernáculas se convierten en asignaturas de libre configuración, lo que en la práctica las hace asignaturas de segunda. El Estado Central decide sobre el 75% de los contenidos curriculares Todo esto conducirá inevitablemente a un currículum “uno, grande y libre”. Ya lo expresó con absoluta rotundidad el ministro Wert en sesión parlamentaria: Se trata de españolizar a los alumnos catalanes (y vascos y gallegos,) añado yo.

La LOMCE es una ley que desconfía del profesorado, de ahí la obsesión por las evaluaciones externas y reválidas. Además de imponer los contenidos y competencias obligatorias, se dictan indicadores de rendimientos y se evalúan externamente, al tiempo que es la Administración quien controla y decide, como ya hemos señalado, la elección de las direcciones de los centros.

A todo esto, hay que añadir que la LOMCE, como viene ocurriendo con todas la reformas educativas que se han llevado a cabo en nuestro país, no viene acompañada de la financiación necesaria para su implantación, lo que la condena, de antemano, al fracaso. Y por si todo esto fuera poco, no podemos ni queremos olvidar la terrible ola de recortes económicos que ha sufrido el sistema educativo desde que comenzó la crisis-estafa: recortes en inversión, recortes en profesorado, recortes en sueldos del personal, etc., lo que ha condenado a los centros públicos a unas ratios que nos retrotraen a épocas que ya creíamos superadas.

Quiero acabar este artículo con las palabras, que comparto totalmente, de la profesora Mª Ángeles Llorente Cortés, para quien la LOMCE no es sino una “Nueva vuelta de tuerca, tal vez definitiva, del capitalismo salvaje, que busca deslocalizar personas, pensamientos, actitudes y valores, que rompe el movimiento obrero, el movimiento sindical, que intenta desligar a los seres humanos de sus ciudades, de sus amigos, privarles de identidad colectiva, que trata de impedir el pensamiento compartido, que desprestigia la política para asegurarse el máximo control mediante la sumisión que provoca la incertidumbre y el miedo.”

NOTA: Para la redacción de este artículo, me he basado en textos de la profesora Mª Ángeles Llorente Cortés y del profesor Jurjo Torres Santomé. Vaya desde aquí para ambos mi agradecimiento por su trabajo y por su defensa a ultranza de la escuela pública.